Rafael Bustos | 07 Oct 2019
Sudán vive desde finales de 2018 unos acontecimientos politicos y sociales excepcionales. El mal gobierno, las medidas de austeridad anunciadas como la supresión de los subsidios a alimentos básicos y productos esenciales como el combustible, unidas al anuncio de que el principal partido, el Congreso Nacional Popular (CNP) apoyaría al presidente Omar al-Bashir, profundamente impopular y sobre el que pesa una orden de detención internacional de la CPI, han producido un estallido de malestar y una salida masiva a la calle de ciudadanos descontentos detrás de las fuerzas de oposición y una parte del gobernante CNP que se ha ido prolongando a lo largo de 2019.
En pocos meses, la situación ha evolucionado con gran rapidez, sin que cesaran las protestas, de las que en los medios occidentales, la cara más visible han sido las mujeres, empoderadas encima de vehículos y alentando a los manifestantes. En marzo se producía una gran eclosión de la movilización de las mujeres coincidiendo con el 8 de marzo internacional. En abril, el impopular presidente Bashir era destituido en un golpe de Estado y puesto bajo arresto judicial. Las nuevas autoridades militares del Consejo Militar de Transición (CMT) comenzaban las negociaciones con las fuerzas de oposición, reunidas en torno al paraguas de las Fuerzas de Libertad y Cambio (FFC). En junio, una terrible represión en las calles de Jartúm causó la condena internacional y la suspensión como miembro en la UA de Sudán.
La bajada de ingresos del petróleo, en parte por el precio de los mercados internacionales y en parte por la detracción del petróleo del nuevo estado de Sudán del Sur, provocaban las medidas de austeridad, la devaluación de la libra sudanesa y una restricción del dinero disponible en los cajeros. Si a esto sumamos una inflación por las nubes, la segunda más alta después de Venezuela, entenderemos la pérdida de poder adquisitivo de la población, a la que no se le ofrecía otro remedio más apropiado que la eliminación de subsididos a productos de primera necesidad. El mal gobierno y la corrupción eran los ingredientes necesarios de un cóctel social explosivo que hacía saltar todos los diques de contención.
Bajo la presión internacional del Banco Mundial y de la Unión Africana, y pese al apoyo cerrado que Rusia, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos dieron al régimen, se llegaba en julio a un Acuerdo de transición de 39 meses de duración, (3 años y 3 meses), durante el cual el Consejo de Soberanía Nacional formado de forma paritaria por 5 miembros del CMT y 5 de la oposición (FFC), más un civil independiente, se encargará de preparar las instituciones y crear las condiciones adecuadas para celebrar elecciones libres. El 5 de agosto de 2019 representantes del CMT y de las Fuerzas de la Libertad y el Cambio (FFC) firrmaban en Jartúm el Borrador de la Declaración Constitucional. Una parte de la oposición más revolucionaria ha considerado este acuerdo una traición, pero lo cierto es que de momento se ha conseguido mucho en poco tiempo. Si bien no hay todavía una autoridad completamente civil al mando, Omar al Bashir, en el poder desde 1989, ha sido apartado del poder, detenido y los nuevos líderes militares están dispuestos a compromisos impensables hasta hace solo unos meses.
