El Tribunal egipcio de Casación ha aceptado esta mañana la apelación del expresidente egipcio, Hosni Mubarak, y ordenó la repetición del juicio en el que tanto el ex mandatario como su ministro del Interior, Habib al Adly, fueron condenados a cadena perpetua por la sangrienta represión contra los manifestantes que participaron en la revuelta que culminó con la caída de su régimen autoritario el 18 de febrero de 2011.
Tras un largo proceso, el pasado mes de junio un tribunal declaró culpables a Mubarak y Al Adly de la muerte de más de 850 manifestantes durante la revolución. En cambio, sus dos hijos, Gamal y Alaa, además de seis altos cargos del ministerio del Interior fueron absueltos. Todos ellos deberán volver a comparecer ante la justicia en un juicio que, a buen seguro, reabrirá unas heridas mal cerradas por una convulsa transición.
De hecho, entre las promesas hechas por el presidente Mohamed Morsi durante su campaña electoral, figuraba la repetición de los diversos juicios realizados a los responsables de los servicios de seguridad y miembros del anterior gobierno, pues muchos de ellos fueron absueltos por falta de pruebas. Las organizaciones revolucionarias denunciaron que el ministerio del Interior, que no ha sido reformado tras la revolución, no había colaborado con las investigaciones de la fiscalía, e incluso había destruido pruebas.
Precisamente, a principios de la semana pasada un comité investigación sobre hechos acaecidos durante los 18 días de revuelta entregó al presidente Morsi su informe final fruto de seis meses de trabajo. La creación de la comisión fue una de las primeras decisiones del rais islamista después de asumir su cargo, el pasado 1 de julio. La fiscalía está estudiando las nuevas evidencias incluidas en el documento para sopesar la repetición de algunos juicios.
Sin embargo, no está claro que, en caso de que haya nuevas pruebas, éstas serán utilizadas en el proceso a Mubarak, que gobernó Egipto con puño de hierro bajo leyes de excepción durante 30 años. “No se añadirán nuevas evidencias en el caso”, declaró a Reuters Mohamed Abdel Razek, uno de los abogados del veterano ex presidente, que aseguró que el nuevo panel de jueces tendrá en cuenta su estado de salud antes de emitir su fallo.
Ahmed Ali Abdel Rahmán, un juez del Tribunal de Casación, leyó en voz alta una breve nota en la que informaba de la sentencia, sin revelar los argumentos legales de la decisión. El veredicto no sorprendió a muchos observadores políticos, pues numerosos expertos legales ya subrayaron en junio la debilidad de las bases sobre las que se apoyaba la condena a Mubarak. El propio juez que presidió aquel tribunal reconoció públicamente que no disponía de pruebas concluyentes en contra del rais destronado, pero consideró que, como jefe de Estado, en sus hombros recaía la responsabilidad última de las matanzas.
El equipo de abogados de Mubarak argumentó durante el proceso que sus colaboradores le escondieron la represión de los manifestantes. No obstante, durante los últimos días, varios medios locales han publicado filtraciones del informe de la comisión de investigación lanzada por Morsi, recogiendo declaraciones de algunos testimonios que afirman que el expresidente siguió en directo lo que acaecía en la plaza Tahrir a través de una señal de televisión encriptada.
A sus 84 años, el rais depuesto se encuentra ingresado en un hospital militar, donde fue trasladado en diciembre después de romperse tres costillas al caer en la bañera. Desde su ingreso en la prisión de Tora, situada en un suburbio de El Cairo, se han sucedido los rumores sobre su débil estado de salud. Decenas de sus seguidores se encontraban ayer en el Tribunal de Casación y celebraron con efusivas muestras de júbilo la anulación de la condena.
A pesar del veredicto, se espera que tanto Mubarak como Al Adly permanezcan en prisión, pues son objeto de investigaciones en otros procesos acusados de corrupción y abuso de poder. En concreto, el expresidente está acusado de recibir regalos valorados en cerca de un millón de euros por parte de la empresa que publica el periódico Al Ahram.
La repetición del juicio a Mubarak puede tensar aún más una escena política profundamente polarizada tras la aprobación de la Constitución sin el consenso de los principales partidos, que ya están preparando las elecciones legislativas, previstas para el mes de abril.
La sentencia representa un arma de doble filo para los Hermanos Musulmanes, el partido del presidente actual. Por un lado, le permitirá centrar su campaña electoral en la lucha contra los miembros del antiguo régimen, a quienes acusa de torpedear la acción del Gobierno. Por el otro, aumentará la presión popular sobre Morsi para que actúe no solo contra los altos cargos de la policía, sino también del Ejército. El rais islamista pactó con la cúpula del Ejército la inmunidad a cambio de no interferir de forma directa en la política egipcia.
Ricard González
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/01/13/actualidad/1358067795_605532.html
