Según Stork, si un agente de policía mata a un activista político a sangre fría, podría ser condenado a penas que oscilan entre seis meses y dos años de prisión, mientras que un manifestante pacífico se enfrenta a sentencias de cadena perpetua.
"El problema de Baréin no es un sistema de justicia disfuncional, sino más bien un sistema de injusticia muy funcional" enfatizó Strok.
El informe de 64 páginas de HRW documenta que el sistema represivo sigue vigente en el país árabe a pesar de haber trascurrido dos años desde que el rey Hamad bin Isa Al Jalifa ratificara la recomendación de la Comisión Independiente de Investigación de Baréin (BICI, por sus siglas en inglés) respecto a la liberación “sin condiciones” de los manifestantes antigubernamentales.
Esta organización humanitaria ha condenado varias veces las graves violaciones en el proceso de varios casos, juzgados en tribunales militares especiales de Baréin durante 2011.
En Baréin, la revolución popular comenzó el 14 de febrero de 2011, cuando los ciudadanos, inspirados por las revoluciones populares que derrocaron a los dictadores de Túnez y Egipto, iniciaron multitudinarias protestas contra los Al Jalifa.
No obstante, el régimen de Manama, secundado por países extranjeros, como Estados Unidos, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), reprime con saña estas protestas pacíficas.
