El primer ministro pakistaní, Nawar Sharif, ha anunciado su dimision tras conocerse que el Tribunal Supremo paquistaní ha decidido inhabilitarle por su responsabilidad en las sociedades de su familia en paraísos fiscalesdesveladas en los Papeles de Panamá.
Los cinco jueces a cargo del caso han decidido de forma unánime que Sharif debe ser inhabilitado por "deshonestidad" y ordenó enviar el caso a la Oficina de Responsabilidad Nacional -NAB por sus siglas en inglés-, el organismo encargado de la lucha contra corrupción, según la sentencia leída por el magistrado Aijaz Afzal.
"No es apto para ser un miembro honesto del Parlamento, deja de ocupar la oficina del primer ministro", afirmó Afzal ante un tribunal lleno a rebosar de políticos, juristas y periodistas
La decisión del Supremo obligaba a Sharif a renunciar el cargo y su dimisión no se ha hecho esperar demasiado. "Tras el veredicto, Nawaz Sharif ha dimitido de sus responsabilidades como primer ministro", recogía un comunicado de la oficina del 'premier' en el que Sharif también expresaba sus reservas por la decisión y anunciaba que estudiará opciones legales contra ella.
Los jueces ordenaron a la Comisión Electoral que notifique a Sharif su inhabilitación y que la NAB abra un proceso contra Sharif y sus hijos Hasan, Husain, Maryam; el marido de esta, Mohamed Safdar Awan, y el ministro de Finanzas, Ishaq Dar.
Una riqueza que no se corresponde con sus ingresos
Los problemas de Sharif comenzaron en abril de 2016 con la filtración de 11,5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca que reveló que tres de sus cuatro hijos, Husain, Maryam y Hasan, crearon compañías en las Islas Vírgenes Británicas a través de las que controlan propiedades en Londres.
La familia Sharif, que ya se enfrentó a acusaciones de corrupción en el pasado, ha reconocido la posesión de esas empresas y las propiedades, pero ha rechazado cualquier tipo de ilegalidad.
Tras un año de debates y protestas por cómo investigar las revelaciones de los Papeles de Panamá, el Tribunal Supremo de Pakistán decidió en abril que no existían pruebas para inhabilitar a Sharif, pero ordenó la creación de una comisión de investigación (JIT) en un fallo que empezaba con la cita "Detrás de cada gran fortuna hay un delito", de la novela "El Padrino", de Mario Puzo.
El JIT, formado por civiles y militares, concluyó el 10 de julio que la riqueza del político no se corresponde con sus ingresos.
Tras ello, el Supremo escuchó durante cinco días los argumentos de la acusación, formada por los partidos de la oposición, y por la defensa de Sharif hasta que el pasado día 21 dejó el asunto visto para sentencia.
El máximo organismo judicial paquistaní ya inhabilitó a mandatarios en el pasado, como al primer ministro Yusuf Raza Guilani en 2012, a quien condenó por desacato por no reabrir una investigación por corrupción contra el entonces presidente del país, Asif Ali Zardari.
La inhabilitación de Sharif, que ya se vio obligado a dimitir en dos ocasiones en la década de los 90 y ha hecho frente a acusaciones de corrupción en el pasado, hace que Pakistán siga sin ver terminar su mandato a un primer ministro elegido en los urnas en sus 70 años de historia.
