Carmen Rodríguez | 18 Jul 2016
La noche del 15 al 16 de Julio de 2016 se produjo una intentona golpista en Turquía, que tras unas intensas e inciertas horas fue paralizada por el actual gobierno del AKP y el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan. Todos los partidos políticos representados en el Parlamento, cuyo edificio fue bombardeo, hecho inaudito en los anteriores golpes de Estado que ha sufrido el país, expresaron en aquellas horas su adhesión al gobierno surgido de las urnas y condenaron el golpe.
Son muchas las incógnitas surgidas en torno al intento de golpe de Estado, de hecho la declaración del mismo se produjo en la televisión pública a través de una presentadora de televisión que leyó el texto a punto de pistola, pero a diferencia de otros golpes de Estado no apareció ningún líder militar que se arrogara la responsabilidad de las operaciones. Como bien plantea la periodista Ece Temelkuran, es muy posible que pasen años hasta que sepamos realmente qué ocurrió esa noche, lo que si podremos observar son las consecuencias. Esta misma periodista señalaba que tampoco estaba claro si las masas que habían salido a la calle la noche del golpe lo habían hecho por amor a la democracia o por una nueva fidelidad religiosa en torno a Tayyip Erdoğan.
El presidente turco no da por finalizada la situación de excepción y ha llamado a los ciudadanos a continuar en las plazas en los días siguientes. Las purgas se han producido de inmediato en diferentes sectores estratégicos del Estado. A fecha de 18 de julio, 7.850 policías habían sido suspendidos o expulsados. Más de 6.000 sospechosos han sido arrestados o suspendidos en la Judicatura y en el estamento militar y más de una veintena de medios de comunicación independientes han sido censurados. Incluso el Consejo de Educación Superior ha convocado una reunión extraordinaria para expulsar a miembros de la academia. El propio presidente turco ha planteado que se tratará con la oposición la posibilidad de reinstaurar la pena de muerte en el país. La pena capital fue abolida en 2002, incluyendo su ejecución para casos de terrorismo, paso considerado como condición sine qua non para la candidatura de Turquía a la UE. La reinstauración de la pena de muerte supondría un fuerte golpe para las relaciones con la UE en el marco de las negociaciones de adhesión.
Los gobiernos de Francia, Alemania y Estados Unidos han expresado su preocupación por los miles de arrestos y el propio Comisario europeo para la Ampliación, Johannes Hahn, ha declarado que la rapidez con la que se ha llevado a cabo la purga, así como el número de implicados, hace sospechar de una lista pre-existente de opositores a los que el régimen quería neutralizar. Para la UE, la estabilidad de Turquía es clave para la región, pero dicha estabilidad será muy difícil de mantener en un entorno no democrático. Lo cierto es que las inconsistencias de la UE respecto a la candidatura turca han erosionado el papel que ésta pudiera jugar en el proceso de estabilización política interna, limitando seriamente su margen de maniobra.
El propio ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov pidió a las autoridades turcas que el golpe fuera paralizado dentro del orden constitucional. Desde Ankara se había producido un acercamiento a Rusia, tras la grave crisis surgida del derribamiento del avión que causó la muerte de un piloto ruso en noviembre del pasado año. Tras una carta del propio presidente Erdoğan expresando su aflicción por el suceso, se prevé un próximo encuentro con el presidente Vladimir Putin en el mes de agosto. En cuanto a la mejora de las relaciones con Israel todo apunta a que se continuará en el camino de acercamiento iniciado entre las dos administraciones en fechas recientes.
Por el contrario, las relaciones con Estados Unidos tras el golpe están experimentando momentos de tensión. El ministro de Trabajo turco Süleyman Solu ha acusado a Washington de haberlo instigado y el secretario de Estado John Kerry respondió que este tipo de acusaciones infundadas dañarían severamente las relaciones entre los dos países. Desde el gobierno turco se pide la extraditación del líder religioso Fetullah Gülen, a quien se acusa de estar tras la orquestación del golpe. Estados Unidos se niega a llevar a cabo ninguna extraditación que no vaya apoyada sobre pruebas creíbles.
Desde el exterior se observa por lo tanto, con preocupación, las consecuencias de un golpe fallido en Turquía, que puede llevar al desmantelamiento de importantes sectores del Estado, y a un marcado giro autoritario que silencie a todo tipo de oposición política.
